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SEMANA reveló detalles del presunto peculado cercano a los 3.000 millones que se habría dado entre contratistas y funcionarios de la anterior administración en Medellín.
En un reciente informe, las unidades anticorrupción de la Fiscalía y la Policía, junto con la dirección de investigación criminal, Dijin, han destapado un presunto entramado de corrupción vinculado a contratos realizados por Metroparques durante la alcaldía de Daniel Quintero. La magnitud de los hallazgos es impactante, con sobrecostos que alcanzan hasta el 700 %.
Imputaciones y Acusaciones
Según las revelaciones de Semana.com, tanto contratistas como exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero han sido imputados por delitos relacionados con corrupción pública. La Fiscalía General de la Nación sostiene que estas personas podrían estar involucradas en delitos contra la administración pública, apuntando a un peculado que se aproxima a los 3.000 millones de pesos.
La empresa 1soluciones, catalogada como «de papel», habría sido beneficiaria de más de 1.000 millones de pesos durante el mandato de Quintero. Este señalamiento se suma a la acusación de que, a través de la ejecución de varios contratos con diferentes empresas, más de 2.800 millones de pesos habrían terminado en manos de particulares.
La investigación indica que entre mayo de 2020 y diciembre de 2022, el Área Metropolitana habría suscrito tres contratos interadministrativos para transferir a Metroparques una cifra asombrosa: 17.450 millones de pesos. El propósito detrás de estos contratos interadministrativos parece haber sido eludir los procesos de contratación establecidos por la ley 80 %, posiblemente permitiendo contrataciones ‘a dedo’ a través del régimen especial de Metroparques.
Las empresas señaladas en la investigación, JPINO S.A.S., Estructuras Zafiro S.A.S y 1soluciones S.A.S, surgieron aparentemente entre los años 2019 y 2021, durante la administración de Quintero. Se destaca que, mediante el régimen especial de Metroparques, estas compañías recibieron millonarios contratos para el mantenimiento del parque Las Aguas.
Fuentes del proceso han revelado que los funcionarios y contratistas imputados tendrán que rendir cuentas por presuntos sobrecostos millonarios en la compra de elementos destinados al mantenimiento del parque Las Aguas. Las evidencias obtenidas sugieren que en la adquisición de repuestos y diversos elementos, los sobrecostos oscilaron entre el 100 % y el sorprendente 700 %.
Según la Fiscalía, Metroparques, mediante invitación privada, otorgó más de 2.415 millones de pesos a la empresa Comercializadora JPINO S.A.S. para el mantenimiento del Parque de las Aguas. Asimismo, se asignaron más de 1.131 millones de pesos a la empresa 1soluciones S.A.S., catalogada como una «empresa de papel», y más de 848 millones de pesos a la empresa Estructuras Zafiro S.A.S.
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la consideración de la empresa 1soluciones como una «empresa de papel» por parte de la Fiscalía. Las fuentes del caso indican que nunca se encontró un local comercial registrado a nombre de esta empresa, y además, se sospecha de maniobras para cambiar el nombre de los propietarios. Hasta la fecha de la imputación, no se ha proporcionado ninguna explicación sobre su origen ni sobre los dueños reales de la compañía.
Por esta situación, se imputó el delito de peculado a 1soluciones, ya que, según la Fiscalía, recibió contratos que no fueron ejecutados y el dinero habría terminado en manos de particulares. Esta empresa, según los datos de la investigación, habría recibido más de 1.000 millones de pesos en contratos durante la administración de Quintero.
Sobrecostos y Mal Manejo Administrativo
La Fiscalía también señala que durante la ejecución de los contratos mencionados, se presentaron sobrecostos en la facturación, mal manejo de inventarios y falta de aporte de información de manera clara y oportuna. Estos hallazgos resaltan la presunta falta de transparencia en la gestión de Metroparques y las empresas adjudicatarias.
El panorama pintado por esta investigación plantea serias preguntas sobre la integridad de los procesos de contratación y la gestión administrativa durante la alcaldía de Daniel Quintero. La imputación de cargos contra exfuncionarios y contratistas subraya la necesidad de una mayor vigilancia y supervisión en la ejecución de contratos públicos.
Es crucial que los organismos de control y la sociedad en general estén alerta ante posibles actos de corrupción que afectan directamente el buen uso de los recursos públicos. Este caso particular destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas de la contratación pública.
Fuente: Semama.com